El contenido de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Santaliestra ofrece motivos para la reflexión y la inquietud. Básicamente, el tribunal afirma de forma tajante que el proyecto del pantano se realizó soslayando informes preceptivos sobre la seguridad de la presa y del embalse. El error compromete e invalida la tramitación administrativa del mencionado proyecto, pero a nadie se le oculta que proyecta una sombra inquietante respecto de la forma en que el Ministerio de Medio Ambiente dispone estos asuntos: pasando por encima de los requisitos más elementales.

El Gobierno central está en su derecho de recurrir la sentencia. Pero la contundencia de la misma ha causado ya un fuerte impacto sobre todo ciudadano responsable. La gente no se olvida de lo que pasó en Tous o de tragedias como la de Biescas, e incluso los partidarios de apurar la regulación de nuestros ríos se habrán sobresaltado al conocer los pormenores del fallo judicial que, seguramente, ha dejado el pantano de Santaliestra fuera de circulación. No es además la primera vez que la Administración actúa muy a la ligera a la hora de preparar proyectos de carácter hidrológico; proyectos que luego se estrellan en las instituciones europeas o ante los tribunales. Intolerable.