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Heraldo
de Aragón, 16-XII-2001
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LA
OPOSICIÓN AL proyecto de embalse de Santaliestra
ejemplifica la confusa situación en que se mueve el
porvenir hidráulico de Aragón y por qué deben adoptar
posturas claras la Administración central y la autonómica
LA AUDIENCIA NACIONAL, según adelantaba ayer el
Ayuntamiento de Santaliestra, ha anulado la aprobación
técnica inicial del proyecto de construcción del
embalse de Santaliestra. A la espera del fallo, que se
conocerá el lunes en sus términos exactos, y de los
futuros pasos del proyecto, la noticia, tenga un alcance
meramente formal, o lo tenga de fondo, vuelve a poner de
manifiesto que Aragón tiene ante sí un grave problema
más, de los que afectan a su sistema de riegos, frente
al que no caben ya posturas ambiguas.
SANTALIESTRA ES UN CASO muy representativo, por concitar
posturas aragonesas encontradas. Ya no se trata de una
lucha frente al Gobierno central o a otras
Administraciones autonómicas vecinas; el problema es más
vidrioso, pues los frentes son internos. Mientras el
municipio de Santaliestra recibe el fallo como victoria
propia, los regantes del Canal de Aragón y Cataluña,
partes en el proceso, consideran la decisión de la
Audiencia Nacional como una tragedia para Aragón. Y
esto es lo que hace tan dramático el caso. Porque a
favor de la obra está una amplia zona de La Litera, que
necesita imperiosamente el agua de ese futuro embalse si
quiere hacer algo más que sobrevivir. Los propios
regantes, ante la necesidad de agua, están aportando
sus propio capital para construirlo. Tanto el Gobierno
central como el de Aragón apoyan el proyecto, que
consideran de absoluta necesidad. Pero Santaliestra se
opone, alegando razones de seguridad que son
perfectamente legítimas. ¿Qué hacer en una situación
así?
RESULTA LAMENTABLE que el Gobierno central no disponga
de un estudio que desvanezca sin dudas los naturales
recelos de la población de Santaliestra. Su obligación
estricta y principal es garantizar la seguridad de la
obra. Esa falta justifica la oposición de los vecinos.
Si no existiera, difícilmente podrían negarse a un
bien general. Que, para serlo, ha de salvaguardar más
allá de cualquier duda razonable el primero de todos:
la seguridad de las personas.
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