Diario
del Alto Aragón, 9-VII-2002
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Satisfacción
en Artieda y "Río Aragón"
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Luisa
Pueyo. JACA.-
El Ayuntamiento de Artieda y la Asociación Río Aragón
expresan su satisfacción por esta noticia, que es “la
confirmación de la ilegalidad y la corrupción que han
rodeado el proyecto de recrecimiento de Yesa”, cuyos
“intereses privados muy concretos empiezan a
desvelarse”. El alcalde, Luis Solana, explicó que el
Ayuntamiento, como parte, todavía no
ha recibido el informe de la Fiscalía.
“Esperamos a conocerlo en su integridad para ver qué
diligencias propone, aparte de investigar el patrimonio
de Escartín y Sancho”. “Cuando interpusimos la
querella criminal, entendíamos que las irregularidades
en este trámite lo hacían ilegal. Esto explica porqué
se hizo mal y que había unos intereses muy concretos, más
de lo que todos pensábamos”. Solana destacó que dos
afectados sigan en cargos de la Administración central,
Blanco y Fernández.
Añadió
que “estamos aún en la fase de instrucción que
llevará a la apertura de juicio oral”, pero el
escrito de la Fiscalía “es contundente y demoledor y
pone sobre la mesa una serie de hechos que deben estar
perfectamente contrastados. Es de un alcance tal que no
cabe duda de que el juicio invalidará todas las
resoluciones y la tramitación se declarará nula”.
También esto muestra “que estos proyectos del Pacto del Agua y
el PHN no
tienen como finalidad resolver problemas en Aragón o ampliar
regadíos, sino defender intereses concretos, empezando
por los de las constructoras y terminando en Levante,
con los especuladores”. Río Aragón añadió que
“estamos convencidos de que, de manera imparable, ha
comenzado la cuenta atrás de la ilegalización,
paralización y descarte definitivo de este proyecto y,
por tanto, del trasvase”, y confía en que quienes han
actuado al margen de la ley, paguen por ello.
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El
País, 9-VII-2002
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Matas y Cascos apoyan a sus altos cargos acusados en el 'caso Yesa'
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EL PAÍS | Madrid El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y el de Medio Ambiente, Jaume Matas, mostraron ayer su total apoyo y confianza en la gestión de los dos altos cargos vinculados a la la adjudicación de las obras para ampliar el embalse de Yesa (Zaragoza), una obra de 150 millones de euros. La Fiscalía de Madrid ha denunciado irregularidades en esta obra que, supuestamente, afectan tanto al secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, como al secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández. Medio Ambiente sostiene que la adjudicación del pantano de Yesa se ha realizado conforme a la legalidad ya que así lo avala un informe del abogado del Estado, y destaca que el recrecimiento de Yesa está incluido en el Pacto del Agua de Aragón y declarado de interés general, ya que con él se pretende abastecer de agua a la ciudad de Zaragoza, con más de 800.000 habitantes. Álvarez Cascos resaltó el 'alto sentido ético' de Benigno Blanco, para quien la fiscalía también pide ocho años de cárcel por su supuesta implicación en un delito de riesgo y falsedad de documento público en la construcción de la presa de Santaliestra (Huesca). 'No tengo la menor duda de que esas acusaciones son infundadas', dijo el titular de Fomento. Por el contrario, el Ayuntamiento de Artieda (localidad de Zaragoza, con 110 habitantes, que verá anegadas el 50% de sus tierras de cultivo) se ha mostrado muy satisfecho con la iniciativa de la fiscalía. 'Cuando nosotros denunciamos en abril de 2000 ese proyecto creíamos que era una obra injusta, innecesaria e ilegal. Por lo que conocemos ahora es también una obra salpicada por la corrupción', manifestó el alcalde, Luis Solana. Mientras, Izquierda Unida, que denunció en su día las supuestas irregularidades, se mostró muy satisfecha de la decisión porque el Plan Hidrológico pasa así al 'banquillo de los acusados'. Por ello, IU pide la paralización de todas las obras del plan. Ecologistas en Acción también aplaude la labor de la fiscalía. 'De todos es conocido que existen numerosas obras hidráulicas que no tienen ninguna
utilidad hidrológica'.
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Heraldo
de Aragón, 9-VII-2002
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La
Fiscalía denuncia irregularidades,
intereses privados e incompatibilidades en
Yesa |
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Los
problemas judiciales de Yesa se agravan. A la
querella por prevaricación que el Ayuntamiento de
Artieda presentó en su día contra tres altos
cargos del Gobierno se suman ahora las denuncias
del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio
Valerio, contra otros tres, algunos de los cuales
mantienen responsabilidades ministeriales. |
C.
Villanova/J. Benito. Zaragoza
![](http://www.heraldo.es/archivos/invisible.gif) |
El
fiscal ha denunciado que el ex presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás
Sancho, y el ex director General de Obras Hidráulicas,
Carlos Escartín, tenían intereses privados
incompatibles cuando tomaron decisiones
administrativas sobre el proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa. Igualmente, implica en las
presuntas irregularidades sobre Yesa al anterior y
al actual secretario de Estado de Aguas, Benigno
Blanco y Pascual Fernández.
Así lo asegura en un contundente informe al
Juzgado de instrucción 19 de Madrid, dado a
conocer ayer por el diario "El País" y
la revista "Interviú", que tiene su
origen en las diligencias por la querella
presentada por el Ayuntamiento de Artieda contra
Escartín, el ex secretario general técnico de
Medio Ambiente, Carlos Vázquez Cobos, y la ex
directora de Evaluación e Impacto Ambiental del
Ministerio, Dolores Carrillo, por presunta
prevaricación.
El fiscal afirma en su escrito que, según la
propia declaración de Dolores Carrillo, Escartín
y Sancho "la presionan" a partir de
junio de 1998 para que "apruebe rápidamente
y sin restricciones" el recrecimiento. El
proyecto, de acuerdo al texto del fiscal, había
tenido previamente diversos informes técnicos
desfavorables, confeccionados por ingenieros del
mismo Ministerio de Medio Ambiente, y requería un
nuevo estudio de impacto ambiental. El Ministerio
Público asevera que las presiones sobre Carrillo
para lograr una tramitación urgente respondían a
"intereses privados en el proyecto" y
que llevaron a la directora a redactar y firmar
"sin informe técnico alguno, un remedo de
declaración de Impacto Ambiental".
Siempre según Emilio Valerio, Tomás Sancho, como
presidente de la CHE y de Acesa, adjudicó en
julio de 1998 a la constructora B&S Ingeniería
(Barbany y Sancho S. L.), de la que dice que era
apoderado, la realización de un proyecto
"segregado indebidamente del de recrecimiento
de Yesa" para la conducción de agua desde el
embalse hasta Zaragoza. Por lo que respecta a
Escartín, el fiscal dice que "había
pertenecido a los consejos de administración del
grupo ERZ-ENHER-ENDESA, que opta en aquel año de
1998 a la obtención de la citada concesión de la
conducción y del aprovechamiento hidroeléctrico
del embalse".
La denuncia del fiscal implica también a Benigno
Blanco como superior de Escartín. El ahora
secretario de Estado de Infraestructuras presidía
entonces la secretaría de Aguas y Costas. Además,
el actual titular de ese puesto, Pascual Fernández,
es denunciado en el escrito por convalidar la
adjudicación del proyecto de recrecimiento,
realizada por Carlos Escartín cuando "no tenía
competencia alguna" para ello y mediante un
proceso plagado de "irregularidades que
tienen por objeto el conseguir la licitación a
favor de una empresa determinada". El fiscal
afirma que Escartín manipuló el tramite de
adjudicación para que resultara beneficiada la
empresa ACS, en la que fue fichado meses después
como director de Contratación.
La Fiscalía, basándose en este duro informe,
solicita diversa documentación administrativa
sobre Yesa y el proyecto de traída de aguas a
Zaragoza, requiere documentos contables de las
empresas B&S Ingeniería y Euroestudios y pide
que se investigue el patrimonio de Escartín y
Sancho, al igual que el de los ingenieros Zueco,
Uceda, Núñez y Barbany. |
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El Periódico
de Aragón, 9-VII-2002
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REACCIONES A LA
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
El pueblo ampliará la querella al 'número dos' de
Medio Ambiente
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El alcalde de Artieda afirma que se demuestra
que el proyecto es ilegal
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Satisfacción de IU y CHA; y el PSOE denuncia
"la cara dura" del Gobierno
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C. B. H. / J.
A. P.
ZARAGOZA
El Ayuntamiento de Artieda anunció ayer su disposición
a ampliar la querella al actual secretario de Estado de
Aguas y Costas, Pascual Fernández, y al de Fomento,
Benigno Blanco. El documento del fiscal viene a
confirmar "la ilegalidad y la corrupción que ha
rodeado el proyecto", afirmó el alcalde de
Artieda, Luis Solana, y el presidente de la Asociación
Río Aragón, Alfredo Solano.
Para Solana, es "muy gratificante comprobar que lo
que nosotros teníamos claro ha sido ratificado por los
tribunales con un informe del fiscal muy duro y
rotundo", algo que "nos hace creer que la
confianza que siempre hemos tenido sea plena". En
este mismo sentido se manifestó el presidente de Río
Aragón, quien indicó que es "la primera vez que
la Fiscalía confirma lo que nosotros veníamos
diciendo", al tiempo que mostró su deseo "de
que se den pasos para la paralización del
proyecto".
El secretario de Organización del PSOE aragonés, Víctor
Morlán, consideró "muy grave" el escrito del
fiscal, que, a su juicio, "pone en evidencia que el
PP adjudica sin transparencia y con cara dura a grupos
empresariales afines". Para el presidente de CHA,
el informe fiscal pone de manifiesto que "el
proyecto del recrecimiento de Yesa está muy
condicionado por las constructoras y las hidroeléctricas,
con la connivencia de los altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente". También IU expresó su satisfacción
por el paso dado por la Fiscalía de Madrid, que
confirma que las posibles irregularidades denunciadas
por la coalición "se han visto confirmadas".
Entre tanto, el PP insistió en la necesidad de que
todas las obras incluidas en el Pacto del Agua sean
ejecutadas. El secretario regional del PP, Fernando Martín,
subrayó que su partido acata las sentencias que dicten
los tribunales en relación a una obra hidráulica.
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LA INVESTIGACIÓN
JUDICIAL SOBRE UNA DE LAS OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS DEL
PACTO DEL AGUA
El fiscal ve indicios de corrupción en las obras para
recrecer Yesa
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La Fiscalía afirma que "intereses
privados" de altos cargos aceleraron el
proyecto y pide el registro policial
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Sancho y Escartín, dos de los querellados, se
defienden y el Gobierno central garantiza la
legalidad
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EL PERIÓDICO.
MADRID / ZARAGOZA
La Fiscalía de Madrid ha detectado indicios de presunta
corrupción en la tramitación del proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa por parte de algunos
altos cargos y ex directores generales del Ministerio de
Medio Ambiente. El representante del ministerio público
ha remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de
Madrid un durísimo y pormenorizado informe de 36 folios
en el que desvela la presunta relación de los
querellados con empresas privadas vinculadas a la
ejecución de esta gran obra hidráulica en el Pirineo.
En su escrito, el fiscal advierte que la construcción
del pantano se aceleró por los "intereses
privados" de varios de los denunciados y, entre
otras actuaciones, reclama "con carácter
inmediato" el registro policial de la sede en
Zaragoza de una sociedad fundada por el ex presidente de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho.
En el documento el fiscal también solicita que la policía
investigue el patrimonio de Sancho y de los restantes
afectados por las presuntas irregularidades: el
secretario de Estado de Fomento y exnúmero dos de
Medio Ambiente, Benigno Blanco, el de Aguas y Costas,
Pascual Fernández, el exdirector general de Obras Hidráulicas,
Carlos Escartín, y la exresponsable de Evaluación e
Impacto Ambiental del ministerio, Dolores Carrillo.
DECLARACIONES
El informe, publicado ayer por Interviú y El
País , recoge la declaraciones efectuadas al juez
que instruye las diligencias por los querellados y los
documentos aportados a la investigación judicial
abierta a raíz de una querella del Ayuntamiento de
Artieda, que recibió ayer la noticia con "enorme
alegría", lo mismo que CHA e IU. El PSOE, por su
parte, calificó de "muy grave" el informe, ya
que, de confirmarse las acusaciones, se pondría de
manifiesto la falta de transparencia del PP en la
adjudicación de obras a "grupos afines". El
consejero aragonés de Medio Ambiente y dirigente del
PAR, Víctor Longás, prefirió no pronunciarse sobre el
informe del fiscal, aunque hizo hincapié en denunciar
que la actuación "chapucera" del Gobierno
central pone en riesgo la ejecución de las obras del
Pacto del Agua.
Entre tanto, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró
ayer que el proceso de adjudicación de las obras se
ajustó a la legislación vigente. También dos de los
implicados por el fiscal, Sancho y Escartín,
defendieron la legalidad de su actuación y negaron
haberse enriquecido con este proceso de adjudicación.
El informe del fiscal, fechado en Madrid el 14 de junio,
es demoledor al referirse a la actuación de los altos
cargos del Gobierno central. Así, entre las numerosas
irregularidades detectadas, el fiscal denuncia
manipulación de documentos; ocultación de expedientes
al juzgado, incumplimiento de la ley de incompatibilidades,
vulneración de la ley, irregularidades para favorecer
la licitación de "una empresa determinada".
Incluso, el fiscal advierte que Escartín y Sancho
"engrosaron el presupuesto del proyecto con más de
7.000 millones de pesetas para medidas ambientales en su
práctica totalidad inexistentes". La adjudicación
de la obra fue a la UTE formada por ACS, junto a FCC y
Ferrovial, por 48.000 millones de pesetas.
La fiscalía considera que los "intereses
privados" de Escartín y Sancho aceleraron en 1998
la tramitación del embalse pese a la existencia de un
informe oficial en 1994 que se oponía al recrecimiento
por sus enormes afecciones medioambientales y graves
problemas de seguridad. Según el texto de la fiscalía,
en julio de 1998 Sancho "se adjudicó a sí
mismo" --a la consultora B&S SL de la que era
apoderado el proyecto de conducción de agua a Zaragoza.
Sancho argumenta que en 1996 se desvinculó de la
sociedad.
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QUIÉN ES QUIÉN
Secretarios de Estado y ex altos cargos del ministerio
Benigno Blanco. Actual secretario de Estado de
Fomento y entonces secretario de Estado de Aguas y
Costas y apoderado de Iberdrola --asociada con Endesa--
y consejero de la misma Endesa.
Pascual Fernández. Actual secretario de Estado
de Aguas y Costas, que convalidó irregularmente, según
la Fiscalía, las actuaciones de Carlos Escartín.
Carlos Escartín. Entonces director general de
Obras Hidráulicas, pero que con anterioridad había
sido consejero de administración de Empresa Hidroeléctrica
del Ribagorzana, filial de Endesa. El fiscal ha pedido a
la Policía que investigue su patrimonio y figura ya
como imputado.
Dolores Carrillo. Entonces directora general de
Evaluación de Impacto Ambiental, de la que el fiscal
dice que se vio "presionada" por Tomás Sancho
y Carlos Escartín para alzar la cota de la presa, a
sabiendas de las anomalías que había en el proyecto.
Ya figura como imputada.
Tomás Sancho. Entonces presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Para la
Fiscalía habría acelerado la tramitación del embalse
por encima de la Ley de Contratos de la Administración
Pública y de la Ley de Incompatibilidades. Los
intereses privados a los que alude el fiscal estarían
relacionados con B&S Ingeniería, una sociedad
fundada por Sancho, un compañero ingeniero y sus
respectivas esposas, a la que, a través de Acesa le fue
adjudicado un proyecto para una conducción de agua
entre Yesa y Zaragoza por 234 millones de pesetas. A
este respecto, Sancho siempre ha mantenido que entonces
ya había abandonado la sociedad. El fiscal ha pedido
que la Policía investigue su patrimonio.
Carlos Vázquez Cobos. Ex inspector de Hacienda
en la Agencia Tributaria y entonces secretario general técnico
de Medio Ambiente, al que le fue encargado por Carrillo
un "informe jurídico", en lugar de al
servicio jurídico del Estado, como es preceptivo.
Reconoce que recibió llamadas de Escartín y Sancho
para que emitiera un informe "favorable". Ya
está imputado.
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Otras
acciones judiciales
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