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El
Periódico de Aragón, 6 de abril de 2002
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EL MINISTERIO
FISCAL LO ACUSA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO Y DE
PREVARICACIÓN
Blanco quiere explicar el proceso de Santaliestra en el
Congreso
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El fiscal pide para él ocho años de cárcel
por su actuación en este proyecto hidráulico
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Carlos Escartín, otro acusado, tiene pendiente
otra querella por Yesa
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R. L. M. / C.
B. H.
ZARAGOZA
El secretario de Estado de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, Benigno Blanco, comparecerá a
petición propia en el Congreso para informar sobre su
actuación en el proyecto de construcción de la presa
de Santaliestra cuando era secretario de Estado de
Aguas, en la pasada legislatura. Blanco y otros seis ex
altos cargos han sido acusados por el fiscal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de varios
delitos.
La Fiscalía del TSJM pide 8 años de cárcel y 20 de
inhabilitación para Benigno Blanco, Carlos Escartín,
ex director general de Obras Hidráulicas, y José María
Vizcaíno, ex subdirector de Proyectos y Obras, por su
actuación en el proyecto de Santaliestra. Los acusa de
prevaricación, falsedad en documento e infidelidad en
la custodia de documentos.
Además, solicita 11 años de prisión y 16 de
inhabilitación para Francisco Fiteni, ex director técnico
de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ahora
jubilado; Miguel Zueco, director del proyecto y que aún
trabaja en la confederación, e Iñigo Barahona,
coautor. Están acusados de prevaricación y de delitos
continuados de falsedad en documento público y de
fraude. Para Tomás Sancho, ex presidente de la CHE que
trabaja ahora en una consultora privada de ingeniería,
pide la inhabilitación por siete años.
Benigno Blanco solicitó ayer comparecer ante la comisión
de Medio Ambiente del Congreso para explicar su actuación.
La acusación del fiscal, entre otras muchas cuestiones,
destaca su relación con la compañía eléctrica
Iberdrola, de la que fue (hasta mayo del 96) director de
los servicios jurídicos. La Fiscalía destaca que al
aprobar definitivamente el proyecto (en mayo del 97),
Blanco reconoció el derecho que tenía Hidroeléctrica
de Cataluña, filial de Iberdrola, al aprovechamiento
del río Ésera (regulado por Santaliestra).
Este diario intentó ayer sin éxito contactar con el
ahora secretario de Estado de Infraestructuras y con el
resto. Respondieron Tomás Sancho y Miguel Zueco, que
defendieron su actuación. Sancho aseguró tener la
conciencia tranquila y garantizó que ningún interés
particular interfirió. También indicó que en el
proceso "no hay cosas raras ni escandalosas".
Zueco mostró su convicción absoluta de que las cosas
"se hicieron bien" y añadió:
"Cumpliendo la legislación no hay que tener miedo
a nada". También destacó que en el auto del
fiscal hay "contradicciones".
Carlos Escartín está afectado por la querella criminal
que presentó en abril del 2000 el Ayuntamiento de
Artieda por el proyecto de recrecimiento del embalse de
Yesa. Escartín dimitió el verano pasado de su cargo en
la constructora ACS tras la apertura de una investigación
para ver si vulneró la ley de incompatibilidades cuando
estaba en el ministerio (ACS era una de las empresas
adjudicatarias de Yesa y fichó a Escartín tres meses
después de la adjudicación).
(Véanse
noticias relacionadas)
PSOE e IU han pedido que el ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, comparezca ante el Congreso por
Santaliestra. CHA preguntará al Gobierno si Benigno
Blanco seguirá en su actual cargo.
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Heraldo
de Aragón, 6 de abril de 2002
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El fiscal afirma que Benigno Blanco favoreció a las eléctricas en Santaliestra |
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| Los escritos del fiscal y de la acusación particular sobre Santaliestra vinculan a los siete imputados en el caso con empresas adjudicatarias de la elaboración del proyecto, la construcción de la presa y la explotación hidroeléctrica. |
J.L. Valero/J.J. Verón. Zaragoza
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Los escritos del fiscal y de la acusación particular -en nombre del Ayuntamiento de Santaliestra- vinculan a los siete imputados en el caso con empresas adjudicatarias de la elaboración del proyecto, la construcción de la presa y la explotación hidroeléctrica. Estas presuntas relaciones constituyen el hilo argumental de ambos informes para intentar probar que hubo delitos de prevaricación, falsedad en documentos públicos, infidelidad en la custodia de documentos, fraude y estafa, en la tramitación y adjudicación del proyecto. En concreto, plantean que se ocultaron y se manipularon informes técnicos que consideraban inviable la presa por el riesgo de hundimiento del terreno con graves consecuencias para personas y bienes. Los hechos se produjeron entre 1996 y 2000.
Los imputados son seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro y el coautor del proyecto. Para Benigno Blanco (ex secretario de Estado de Aguas y hoy de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento), Carlos Escartín (ex director general de Obras Hidráulicas) y José María Vizcaíno (ex subdirector general de Proyectos y Obras), el fiscal pide más de ocho años de prisión y veinte de inhabilitación. Para Tomás Sancho (ex presidente de la CHE) reclama siete años de inhabilitación, mientras que para Miguel Zueco y Francisco
Fiteni, ingenieros de la CHE, solicita once años de cárcel y dieciséis de inhabilitación. Iñigo Barahona, ingeniero coautor del proyecto encargado por la CHE a las empresas Ayesa e Initec (constituidas en una UTE), se enfrenta a la misma petición que Zueco y
Fiteni.
A juicio del fiscal, Blanco favoreció a Hidroeléctrica de Cataluña, empresa que estuvo vinculada a Iberdrola, donde Blanco fue director de los servicios jurídicos hasta su llegada al Ministerio, ayudado por Escartín, Vizcaíno y Sancho. Con este último, según el fiscal, modificó el proyecto para incluir en su presupuesto (que pasó de 20.000 a 25.000 millones) la central que explotaría la citada hidroeléctrica, que sería costeada con cargo a fondos públicos y que no pasó por el preceptivo estudio de impacto ambiental.
Añade que Zueco y Fiteni certificaron informes que cobró Barahona por un total de 217 millones, de los que 123 millones corresponden a estudios no realizados. El fiscal ha solicitado de estas personas una
indemnización de 114,6 millones de pesetas por los informes no elaborados. La acusación particular extiende la cantidad a 220 millones, al entender que todo el proyecto queda invalidado.
Según ha podido saber HERALDO, el escrito de la acusación particular amplía y concreta las conclusiones del fiscal, puntualizando las relaciones de Blanco con Iberdrola y UNESA (la patronal del sector eléctrico). Además, quedan por concretar la participación de la primera en Hidroeléctrica de Cataluña y algunas fechas.
Carlos Escartín llegó al Ministerio desde otra empresa del sector, ENHER que en el 98 se hizo con Hidroeléctrica de Cataluña para posteriormente integrarse en el grupo Endesa.
Por otro lado aparecen relaciones societarias entre empresas adjudicatarias de la elaboración del proyecto y de la construcción, así como el incremento de contratos de Medio Ambiente y Fomento a sociedades vinculadas a Iñigo Barahona a partir de 1996, quien a su vez es relacionado por el fiscal con Zueco y
Fiteni. Hay que añadir que Zueco y Sancho estuvieron envueltos en distintas polémicas por adjudicaciones de la CHE a empresas en las que habían tenido participación.
"Se trata de un maremagnum de actuaciones desde la Administración y desde empresas privadas, y que todas llevan al mismo sitio", señaló ayer uno de los letrados de la acusación.
La acusación particular ha anunciado que solicitará que declaren como testigos del caso el actual secretario de Estado de Aguas, Pascual Fernández; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, José Vicente
Lacasa; y miembros de la junta directiva de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña ligados al proyecto. |
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