El siempre caudaloso manantial de noticias hidráulicas nos ha traído este verano movimientos del PSOE en relación a la cota de Yesa y algunas cartas sobrecargadas de calificativos y de intenciones de su Secretario General zaragozano, señor Lambán.

Desde Coagret contemplamos con agrado y esperanza la evolución que parecen experimentar los partidos del gobierno aragonés y otras fuerzas sociales próximas, en el sentido de aceptar que ha llegado un tiempo nuevo a la política de aguas. Una política centrada en la gestión de la demanda en detrimento de la ampliación de la oferta, en la racionalidad económica más que en la hipersubvención, en el equilibrio territorial -también en el propio Aragón- y en la sostenibilidad de los ecosistemas de toda la cuenca del Ebro que nos proporcionan tantos servicios ambientales imprescindibles para nuestro bienestar. Es la Nueva Cultura del Agua que de forma imparable se va abriendo paso en amplios sectores de la sociedad aragonesa y que da la impresión de que dichos partidos -en una postura sensible e inteligente- están incorporando con no pocas dificultades. Esperamos con gran interés a que esa nueva actitud se materialice pronto en decisiones de gobierno y proyectos viables.

 Este cambio en la política de aguas –de momento más asumido por el poder judicial y la Unión Europea que por el poder político y el mediático- está generando reacciones crispadas e incluso agresivas en algunos sectores que no lo comprenden y lo califican de judicialización de la política hidráulica o de esperpento. Son reacciones que surgen siempre en momentos de cambio social y político y que a la postre resultan perdedoras, como la de azuzar enfrentamientos indeseables y más virtuales que reales entre el mundo rural y el urbano o el Llano y la Montaña. No es ese el camino.

 Se han cometido demasiados errores y se ha perdido demasiado tiempo obcecándose con propuestas de regulación estructuralistas que no tenían cabida: véase Campo, Comunet, Embún, Jánovas, Santaliestra y previsiblemente Yesa y Biscarrués, postergándose otras consensuadas y que ya estarían funcionando. Con regadíos decimonónicos en Monegros que la U.E. recortó por razones medioambientales. Con posturas hostiles como las de Riegos del Alto Aragón de impedir a los vecinos de El Grado instalar una piscifactoría ¡en su propio río! O las ambiciones del presidente de Bardenas de mercadear con los levantinos el agua de Yesa recrecido. Y últimamente, el bloqueo de las cúpulas de regantes y el PP al consenso entre regantes y montañeses que se logró en la Iniciativa Social de Mediación. Confiamos en que el cambio que lidere el nuevo gobierno barra tales actitudes irresponsables de enfrentamiento, favoreciendo un clima de diálogo noble y profundo entre las partes.

 Debemos señalar un elemento que desde la Montaña se considera clave para desatascar el conflicto hidráulico: desterrar del inconsciente colectivo aragonés la idea de que a los regantes les asiste el “derecho natural” a disponer de las aguas y valles pirenaicos para su desarrollo. Era la filosofía de la Ley de 1915, que hoy en día ya no cabe en la Constitución ni en la U.E. y está siendo frenada en los tribunales. Recientemente, un regante esforzado nos explicaba que para él disponer de un embalse en cabecera era como tener unos ahorros en el banco para contingencias. “Claro que sí” le dijimos, “a nosotros también nos da mucha seguridad tener un buen colchón de ahorros. Pero para obtenerlo no podemos disponer de la cuenta corriente del vecino y vaciarla a la cota que se nos antoje para llenar la nuestra”. Coincidimos en ello ambas partes. Por eso pensamos que la propuesta de cota intermedia de Yesa se mantiene en la misma obsoleta filosofía: la subordinación del Pirineo a los planes de regadío y la ausencia de una política de aguas específica para la Montaña, con planes de conservación y aprovechamiento turístico de los ríos, por ejemplo. Esmérese en ello el gobierno, sin confundirla con las inaceptables compensaciones. Contribuya a desplegar el potencial de la zona sacando partido a los múltiples valores del agua -ahí están los baños de Tiermas- y a fijar la población, fuera de muros absurdos y técnicamente inviables.

 Es necesario que las propuestas del cambio sean imaginativas y audaces. Que desarrollen la gran capacidad de regulación de caudales y de modernización que tienen las zonas de regadío. Que canalicen las ayudas públicas hacia el regante pegado al terreno. Que compatibilicen la riqueza generada mediante el regadío con la supervivencia de los ecosistemas esteparios, pirenaicos y deltaicos (no hay que olvidar que la expansión compulsiva del regadío es la mayor amenaza para el delta y valle del Ebro, más que el trasvase). Y que propicien la igualdad de oportunidades a los territorios, partiendo de la salvaguarda del patrimonio socioeconómico e identitario del Pirineo y continuando por la aplicación de políticas activas, no poniendo parches compensatorios.

 Ello permitirá que el Pirineo deje de ver el conflicto del trasvase como una disputa entre los gobiernos de Madrid y de Zaragoza por la “apropiación” de las aguas y tierras de sus valles para destinarlas, bien al servicio del arco mediterráneo, bien al de las comarcas expectantes, quedando como convidado de piedra. Sólo así se encenderá la esperanza en un territorio que se siente tan ingratamente tratado a pesar de su dolorosa contribución al bienestar común.